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El 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones para elegir a
las autoridades democráticas. Raúl Alfonsín, candidato por la Unión
Cívica Radical resultó elegido con el 52% de los votos, superando al
Partido Justicialista (peronismo) que obtuvo el 40%. En el
Parlamento el radicalismo obtuvo la mayoría en la Cámara de
Diputados pero el peronismo obtuvo mayoría en la Cámara de
Senadores. El 10 de diciembre de 1983 asumió el nuevo gobierno
democrático.
Derechos humanos, transición a la democracia y sublevaciones
militares
El gobierno de Raúl Alfonsín debió enfrentar el problema de la
transición a la democracia en un país con una larga tradición de
gobiernos militares que había llegado a la tragedia del terrorismo
de estado y la guerra.
El 15 de diciembre de 1983 sanciona los decretos 157 y 158. Por el
primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones
guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a
las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe
militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El
mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas “CONADEP”, con la misión de relevar, documentar y registrar
casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el
juicio a las juntas militares.
En septiembre de 1984 la CONADEP produce su famoso informe titulado
“Nunca Más”. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal
(tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar
que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente
al mismo. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel
Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de
agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dicta la
sentencia condenando a Jorge R. Videla y Eduardo Massera a reclusión
perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando
Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años
de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las
juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un
hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las
transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en
Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por
sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el
enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el
régimen militar anterior. En la Semana Santa de 1987 se produce una
gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales que se
denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares
demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del
presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas
salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar. Durante
varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Finalmente
Alfonsín, sin poder militar para frenar un golpe de estado, negocia
secretamente con los líderes militares una serie de medidas para
evitar que se realizarán nuevos juicios contra militares por
violación de derechos humanos. Esas medidas se concretarán en las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no sin antes sufrir otras
dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de
diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas
Armadas. También en ese año ocurrió el copamiento del regimiento La
Tablada perpetuado por ex integrantes del ERP que ahora formaban el
MTP, que tomaron el cuartel por la fuerza y fueron desalojados por
el ejército argentino y fuerzas de seguridad policiales, hechos que
produjeron 39 muertes, algunas durante el enfrentamiento, y 9
detenidos fusilados en el lugar por las fuerzas militares una vez
tomado el cuartel.
Obra de gobierno
Durante el gobierno de Alfonsín se restableció la autonomía
universitaria quebrada en 1966, se puso en marcha el Plan Nacional
de Alfabetización y el Plan Alimentario Nacional (PAN) y se
sancionaron las leyes de patria potestad compartida (1985) y de
divorcio vincular (1987). En 1987 el Congreso sanciona una ley de
traslado de la Capital Federal a Viedma - Carmen de Patagones, como
parte de un proyecto para cambiar el eje político-económico
centralista que caracteriza a la Argentina, que terminó fracasando.
En el plano internacional, bajo la dirección del canciller Dante
Caputo, se destaca:
-
el protagonismo argentino en el impulso al Grupo Contadora para
unificar la posición de los deudores frente a los acreedores
para el tratamiento de la deuda externa;
-
los acuerdos con el gobierno democrático de Brasil que
concluirán posteriormente en la formación del Mercosur (1991);
-
la política exterior de apoyo a los procesos de paz en
Latinoamérica y ayuda a los gobiernos democráticos para
consolidar el proceso de transición a la democracia en la
región;
-
La firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile (1985), que puso
fin a una disputa de límites con aquel país, con el cual
Argentina estuvo a punto de ir a una guerra en 1978.
-
La presidencia de la 43º Asamblea General de las Naciones Unidas
(1989, Dante Caputo).
En el área económica Alfonsín asume su gobierno en momentos en que
se producía la gran crisis mundial de la deuda externa. Durante el
gobierno militar la deuda externa había crecido de 7.000 millones de
dólares en 1976, a 66.000 millones de dólares en 1983.
Adicionalmente, gran parte del aparato productivo, sobre todo en el
sector industrial, había quebrado. Ante esta situación, Alfonsín
decidió aplicar en 1985 un plan económico, el Plan Austral, que él
mismo calificó como "economía de guerra".
El Plan Austral logró durante un tiempo contener la
inflación, pero no pudo resolver los problemas estructurales que
mostraba la economía argentina en aquellos años. El congelamiento de
los salarios, la decisión inicial de Alfonsín de atacar a los
sindicatos, la persistencia de la ley sindical fascista de la
dictadura, la identificación de los sindicatos con la oposición
peronista, llevó a una larga pulseada entre el gobierno radical y la
CGT que se expresó en 13 huelgas generales. Finalmente, el gobierno
radical termina negociando con los sindicatos y sancionando con
unanimidad una nueva Ley Sindical.
Los graves problemas económicos se expresaron en una tasa de
inflación de 343% para el año 1988 y el estallido de un proceso
hiperinflacionario a partir de febrero de 1989 superior al 3000%
anual, que hizo aumentar la pobreza hasta alcanzar un record
histórico hasta entonces: 47,3% (octubre de 1989, Gran Buenos
Aires).
En esas condiciones se realizan las elecciones presidenciales del 14
de mayo de 1989, triunfando el candidato opositor, el peronista
Carlos Menem, con un 51% de los votos. La magnitud del caos
económico-social obligó a Alfonsín a anticipar el traslado del
mando, renunciando el 8 de julio.
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