A raíz de los crecientes cuestionamientos hacia el gobierno de Carlos Menem, fundados sobre todo en la corrupción y la incapacidad de combatir el flagelo de la desocupación, fue surgiendo una fuerza política conformada a partir de un acuerdo entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso, una confederación formada por los partidos Frente Grande, Socialista Popular, Socialista Democrático, Intransigente y Demócrata Cristiano. En 1997 se concretó esa unidad mediante la creación de la "Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación", más conocida como "Alianza".
De sus filas salió la fórmula Fernando de la Rúa- Chacho Álvarez, ganadora de la elección presidencial celebrada el 24 de octubre de 1999 con el 48,5 % de los votos, y una ventaja de 10,5 % sobre el oficialista Eduardo Duhalde.
El 10 de diciembre, la fórmula aliancista asumió el poder en un clima de esperanza, incluso entre muchos de los que no la habían votado. Sin embargo, ya desde el discurso de asunción, De la Rúa comenzó a socavar su base política, anunciando la necesidad de una serie de subas de impuestos y ajuste de la estructura estatal de considerable magnitud.
El gabinete de ministros, extremadamente inestable, estuvo compuesto, entre otros, por José Luis Machinea en el Ministerio de Economía, Ricardo López Murphy en Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en Relaciones Exteriores, Juan José Llach en Educación. Era un gabinete integrado por radicales, frepasistas e incluso cavallistas, y con gran cantidad de economistas.
La situación argentina en materia económica y social era muy delicada: una desocupación que ya superaba holgadamente el 15 % y que subía implacablemente, inseguridad en las calles, desconfianza de parte de los mercados financieros internacionales y una voluminosa deuda externa eran algunos de los principales temas urgentes a tratar en la agenda del gobierno.
Desde el Ministerio de Economía se habían trazado ciertas medidas financieras, tendientes a encauzar el déficit fiscal, buscando principalmente el beneplácito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar un nuevo empréstito. El gobierno se comprometía a mantener la Ley de Convertibilidad, que ordenaba que un peso tuviera el valor de un dólar.
A partir de febrero de 2001 grandes flujos de fondos empezaron a abandonar el país. Al mes siguiente asumió como Ministro de Economía López Murphy, pero fue repudiado por la oposición, e incluso por los propios radicales, al anunciar el arancelamiento universitario. Tras la renuncia de López Murphy, y en una sorprendente decisión, el gobierno nombró como Ministro de Economía a Domingo Cavallo, hasta entonces identificado por la opinión pública como un símbolo del gobierno de Menem.
El 1 de diciembre de 2001, Cavallo toma la decisión de imponer el corralito, un paquete de medidas económicas que impuso una bancarización total de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo depositado en bancos públicos y privados. Esta medida, que afectó en gran medida a las clases medias, sumó apoyos en los mercados y organismos financieros internacionales, pero la población comenzó a manifestar un enorme descontento.
Hacia mediados del mes de diciembre se produjeron algunos estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros. Concretamente, varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes.
Algunos analistas políticos atribuyen estas revueltas a un plan desestabilizador orquestado por algunos líderes del Partido Justicialista.
A partir del día 19 de diciembre de 2001 se produjeron las manifestaciones populares conocidas como el cacerolazo, en las que la gente se agrupaba golpeando ruidosamente cacerolas. Durante ese día se produjeron graves disturbios y revueltas sociales en diferentes puntos de país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Durante los graves enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, de los cuales fueron los más violentos los que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, perdieron la vida al menos 5 personas.
Frente a este panorama, el presidente decidió anunciar por cadena nacional que había decretado el estado de sitio, que suspendía las garantías constitucionales de los ciudadanos. Espontáneamente, miles de personas se lanzaron a las calles, disgustados con las recientes medidas civiles y económicas. Pacíficamente, la población manifestó su descontento durante toda la noche, mientras la policía intentaba alejarlos de la Casa de Gobierno, utilizando gas lacrimógeno; esa noche renunciaba el Ministro de Economía Domingo Cavallo.
El día 20 de diciembre se produjeron nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes reunidos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y en otros puntos del país. Esta vez, se calcularon en 30 los muertos por los diferentes enfrentamientos.
A las 4 de la tarde, visiblemente debilitado, el presidente pronunció un discurso por televisión convocando a la "unidad nacional" y ofreciendo al justicialismo cogobernar el país. Ante la respuesta negativa de parte de éste y la enérgica repulsa popular, el presidente Fernando de la Rúa presentó su renuncia.

Sucesión de De la Rúa
Asume la presidencia de la Nación en forma interina el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. El día 23 de diciembre se reúne la Asamblea Legislativa, que nombra como presidente provisional de la Nación al hasta entonces gobernador de la provincia de San Luis por el Partido Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá. En su discurso en el Congreso de la Nación, el flamante presidente anuncia el "default", o cesación de pago de las obligaciones por préstamos a los diferentes organismos internacionales de crédito, y a particulares que tuviesen en su poder títulos de la deuda pública argentina.
Una serie de nuevos enfrentamientos, en Casa de Gobierno y en el Congreso Nacional entre algunas facciones más radicales de los manifestantes que continuaban acercándose a los edificios de gobierno, y las fuerzas de seguridad, ponen nuevamente en jaque la estabilidad de este nuevo gobierno. Se oyen repulsas contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, contra miembros del nuevo gabinete, y contra senadores y diputados, que no contaban con el apoyo popular. El lema más recordado de los manifestantes era el "que se vayan todos", que resumía el descontento que sufrían las gruesas mayorías de la población, respecto de la clase dirigente. Algunos enfrentamientos tuvieron lugar dentro del palacio del Congreso de la Nación y se produjeron pequeños incendios y rotura de cristales y mobiliario. Sin el apoyo de importantes gobernadores, aún de algunos de su mismo partido político, el efímero presidente de la Nación, Rodríguez Saá decide presentar su renuncia al cargo, hacia el día 30 de diciembre.
Asume la presidencia en forma interina el hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. El Partido Justicialista propone a Eduardo Duhalde como presidente provisional. El 31 de diciembre la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta por gran mayoría, y Duhalde asume el cargo el día 2 de enero de 2002. Pocos días después de su acceso al poder, el nuevo primer mandatario dispuso sus primeras medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono del tipo cambiario fijo, devaluación del peso, pesificación de la economía (incluidos depósitos bancarios) y la distribución de planes sociales para atenuar los efectos de una economía en recesión y había incrementado la pobreza e indigencia hasta índices nunca vistos antes en la Argentina.
En abril de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió ante las protestas suscitadas por el denominado "Plan Bonex", que preparaba junto a Duhalde para canjear por bonos de deuda pública los depósitos bancarios a plazo inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron también sus cargos a disposición del presidente, el cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe de gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de Economía a Roberto Lavagna; quien anunció que no se produciría el retorno a un tipo de cambio fijo (siguiendo así las recomendaciones del FMI) y que persistirían las restricciones bancarias. El gobierno vio cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el Senado derogó la llamada Ley de Subversión Económica, se acordó un pacto fiscal con los gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit, y se dispuso un nuevo Plan Bonos. Pero el eje del programa gubernamental, cumplir las exigencias del FMI para recuperar su ayuda económica, generó todo tipo de actitudes opositoras y agudizó la conflictividad social. Pese a que la crisis continuó, el gobierno intentó normalizar progresivamente el sistema financiero; en noviembre de 2002, casi un año después de su implantación, finalizaron las restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes (acababa así el llamado "corralito"), y en marzo de 2003 se levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo (el denominado "corralón").
El 26 de junio de 2002, se produce la Masacre de Avellaneda en el que el gobierno nacional ordenó la represión de una manifestación de grupos piqueteros. Ante este hecho Duhalde anticipó seis meses el llamado a elecciones presidenciales y anunció que no iba a volver a presentarse.